La Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, que acaba de celebrarse en Ecuador, ha aprobado por unanimidad la 'Resolución de Quito' contra el turismo de células madre para trasplante y su uso sin evidencia demostrada, una iniciativa propuesta y redactada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Con esta iniciativa se condena la compra, el tráfico y el turismo de células madre para trasplante, y se reconoce la necesidad de combatir la publicidad engañosa, que presenta estas prácticas como 'remedios milagrosos' o como terapias consolidadas, aunque estas se encuentren en fase de investigación, y asume la falta de mecanismos de regulación y control que existen en muchos países de la región.
Desde el Ministerio de Sanidad, del que depende la ONT, señalan que su desarrollo es una "respuesta a la creciente preocupación entre los países iberoamericanos por el incremento en los últimos años del uso fraudulento de la terapia celular", asimismo, destacan, con su firma "España ha vuelto a demostrar su liderazgo en Iberoamérica en materia de donación y trasplante".
También intensificarán la información a los ciudadanos sobre la evidencia científica actual en el uso de este tipo de terapias; además recoge la necesidad de aunar esfuerzos "supranacionales" para impedir el establecimiento de redes internacionales delictivas en cualquiera de los países iberoamericanos; y demanda armonizar los marcos legales que regulen estas prácticas, con el fin de proteger la dignidad y la seguridad tanto de los donantes como de los pacientes receptores.
Actualmente, la legislación europea contempla como medicamentos el implante de condrocitos autólogos (para lesiones de cartílago), el implante de queratinocitos para tratamiento de quemados y el tratamiento de lesiones corneales con células troncales limbocorneales (para trasplantes de córnea). De estos tres escenarios, sólo en el caso de la córnea se emplean células madre propiamente dichas.
En el encuentro también se ha aprobado la reelección de España, y en consecuencia, del director de la ONT, Rafael Matesanz, como presidente de la Red y del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante durante los próximos dos años.
Además en la reunión se elaboraron una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de los distintos organismos de coordinación de donación y trasplante que existen en cada uno de los países iberoamericanos, las políticas de comunicación, y una guía para auditar establecimientos de tejidos.
En la reunión han participado representantes de los 21 países que integran la Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, así como las sociedades científicas y reconocidos organismos de este campo, entre los que se encuentra la Sociedad Internacional de Trasplantes, Organización Panamericana de la Salud, Sociedad Iberoamericana de Trasplantes, Sociedad de Trasplantes de América Latina y El Caribe y Asociación Iberoamericana de Bancos y Tejidos.
La resolución recuerda que los Estados Iberoamericanos se encuentran realizando importantes esfuerzos para establecer y mantener adecuadamente sistemas nacionales de donación y trasplantes basados en la confianza y en la donación altruista, motivo que manifiestan su "rechazo rotundo a la oferta de tratamientos curativos con células madre cuya eficacia no haya sido demostrada y que no garantice la seguridad en los pacientes".
Al tiempo que condenan a la adquisición de partes del cuerpo humano para trasplante donde exista explotación de las poblaciones más vulnerables, y en donde se busquen beneficios de tipo económico, incluyendo el tráfico de material humano derivado de estas prácticas y el turismo de trasplante celular.
Por todo ello, también se han comprometido a realizar inspecciones oportunas cuando exista sospecha del uso de estas técnicas que se encuentren fuera del marco legal y la denuncia a través de los mecanismos competentes de aquellos casos que demuestren la practica de actividades ilícitas.
Además, acuerdan alentar a los profesionales de la salud a notificar a las autoridades pertinentes sobre las prácticas ilícitas bajo su conocimiento, de conformidad con las capacidades y la legislación nacional; y comunicar a los miembros de la Red cualquier irregularidad que se detecte en el ámbito de cada país.
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