http://www.publico.es/453066/la-audiencia-nacional-investigara-la-macroestafa-de-celulas-madre
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1725717/sociedad/la-audiencia-investiga-una-estafa-de-celulas-m#.UV3p5KKnbw1
El Tribunal Supremo ha atribuido a la Audiencia Nacional, concretamente al juez Eloy Velasco, la competencia sobre la investigación de una trama dedicada al tráfico de células madre desarticulada en abril de 2012 por la Guardia Civil y que habría estafado a más de 400 personas.
Según el auto dado ha conocer por el alto tribunal, y en coincidencia con el criterio del Ministerio Público, al alto número de víctimas potenciales y de territorios afectados (un total de ocho provincias), se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina una complejidad en la investigación que resulta "más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional", como la que representa el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Se da así el requisito establecido para otorgar la competencia al juzgado de Velasco, que había rechazado hacerse cargo del caso iniciado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante.
El juzgado de la Comunitat abrió diligencias en base a las pesquisas llevadas a cabo por el equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por delitos continuados de falsedad documental y estafa.
Los hechos, según destaca el auto del alto tribunal cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Maza, consisten en la obtención y conservación de sangre del cordón umbilical "resultando que los laboratorios donde se dice que se iban a conservar las muestras son inexistentes o no aceptan las muestras remitidas por los imputados".
La trama, en la que fueron imputadas tres personas, fue desmantelada en abril de 2012 en Alicante en la "Operación Cigoto", llevada a cabo por la Guardia Civil a raíz de que se formularan 400 denuncias por estos hechos en diferentes puntos de España (Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada).
Las primeras diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, pero, a la vista del gran número de afectados, de que el principal imputado había reconocido haber hecho más de 600 extracciones, que las Audiencias Provinciales en las que se presentaron denuncia eran ocho y que la estafa podía ser "muy superior" a 750.000 euros, decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
Se planteó así una cuestión de competencia negativa (cuando ningún juzgado reclama para sí un caso), que ahora dirime la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo otorgando a Velasco la instrucción de esta causa.
Según el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente en materia de defraudaciones cuando produzcan grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia Provincial.
Para el alto tribunal es suficiente con que se cumpla una de estas premisas y, en este caso, "resulta afectada una generalidad de personas (hay más de 400 denuncias, y se reconoce haber realizado más de 600 extracciones) y afecta al territorio de varias Audiencias Provinciales (al menos 8)".
Al plantear la cuestión de competencia, Velasco cuestionó "la trascendencia económica" y a este respecto, el Supremo observa que al número de denunciantes "se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina la complejidad en la investigación que resultará más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional".
Tras la desmantelación de la red en abril del pasado año, la Guardia Civil comprobó que en ese momento había 400 afectados por la red afincada en Alicante que presuntamente se dedicaba al tráfico de células madre, y ha detectado otros cientos de casos de clientes cuyas muestras se encuentran en distintos laboratorios.
Los tres supuestos estafadores son un responsable de una empresa, su esposa y otra mujer que actuaba en connivencia con éstos, los cuales fueron arrestados por los presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental.
El primero de ellos ingresó en prisión tras prestar declaración judicial y las dos mujeres quedaron en libertad con cargos.
El presunto cabecilla creó dos empresas, dos páginas web -que le permitieron expandir la presunta estafa por más zonas de España- e, incluso, impartió charlas de preparación al parto para captar más clientes.
Algunas de las muestras fueron efectivamente remitidas a laboratorios fuera de España y así fueron localizadas 350 muestras en perfectas condiciones en Alemania, Inglaterra, Suiza, Portugal o EEUU.
Sin embargo, esos laboratorios no recibieron el pago correspondiente, el cual varía entre los 700 u 800 euros por el almacenaje, y por los que el presunto cabecilla habría cobrado a las familias entre 1.800 0 2.500 euros para trasladarlos hasta allí.
A partir de esos precios, los investigadores calculan que la presunta estafa podría alcanzar el millón y medio de euros y las pesquisas se centraron entonces en averiguar el destino de las muestras que no fueron localizadas.
Los detenidos están acusados de los delitos de estafa continuada y falsedad documental relacionados con la criogenización de células madre, por cobrar supuestamente entre 1.800 y 2.500 euros por la extracción de las células madre y su posterior conservación. Los acusados hacían creer a sus víctimas que la muestra extraída de la sangre del cordón umbilical era remitida a laboratorios alemanes para su preservación y tratamiento, han señalado las mismas fuentes.
Los damnificados confirmados proceden de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cuenca, Madrid y Salamanca, entre otras provincias, aunque la forma de operar de esta organización, --a través de dos empresas creadas expresamente por el detenido bajo los nombres de 'Instituto Celular' y 'Cryocell'--, contaba con ramificaciones en toda España.
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